Actualización de la UMA y su Impacto en la Prevención del Lavado de Dinero

umbrales 2025

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha publicado los nuevos valores de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), los cuales entrarán en vigor el 1 de febrero de 2025 y regirán hasta el 31 de enero de 2026. Estos valores impactan directamente en la regulación de actividades vulnerables conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

Valores actualizados de la UMA para 2025:

  • Diario: $113.14
  • Mensual: $3,439.46
  • Anual: $41,273.52

Esta actualización refleja una variación del 4.21 % en comparación con 2024, derivada del crecimiento interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de diciembre de 2024.

Algunas actividades son consideradas vulnerables por su propia naturaleza, mientras que otras requieren alcanzar ciertos umbrales para ser catalogadas como tales. Los nuevos valores de la UMA sirven de referencia para la identificación de dichas actividades y su regulación.

Con los nuevos umbrales de aviso, se establece cuáles actividades vulnerables deben presentar informes mensuales o acumulativos. Es fundamental que los sujetos obligados actualicen sus procedimientos internos para garantizar el cumplimiento normativo y evitar sanciones.

El incremento de los umbrales también responde al objetivo de limitar el uso de efectivo en operaciones sensibles, fomentando el uso de medios electrónicos que permitan mayor trazabilidad y transparencia en las transacciones financieras. Esto contribuye a la reducción de actividades ilícitas y promueve la inclusión financiera.

A partir del 1 de febrero de 2025, las sanciones por incumplimiento de la LFPIORPI se ajustan según los nuevos valores de la UMA:

  • Omisiones en la presentación de avisos obligatorios: Multas entre $1,131,400.00 y $7,354,100.00 pesos, o del 10 % al 100 % del valor de la operación.
  • Faltas menores: Multas de $22,628.00 a $226,280.00 pesos por errores como avisos extemporáneos o información incorrecta.

Las sanciones buscan desincentivar el incumplimiento y promover una cultura de cumplimiento normativo, protegiendo así la estabilidad y reputación de las empresas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha confirmado la constitucionalidad de las multas establecidas en la LFPIORPI, argumentando que estas son proporcionales a la gravedad de la infracción y esenciales para mantener la integridad del sistema financiero.

Para evitar sanciones y fortalecer la prevención del lavado de dinero, se recomienda:

  • Revisar y actualizar los procedimientos internos conforme a los nuevos umbrales.
  • Garantizar la presentación de avisos en tiempo y forma.
  • Implementar controles que reduzcan el uso de efectivo en operaciones vulnerables.
  • Capacitar al personal sobre los cambios regulatorios y sus implicaciones.

El cumplimiento normativo no solo es una obligación legal, sino una estrategia clave para fortalecer la transparencia financiera y la seguridad económica del país.