El 20 de enero de 2025, el gobierno de Estados Unidos emitió una orden ejecutiva que designa a los cárteles y otras organizaciones criminales como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados. Esta decisión supone un cambio radical en la estrategia de seguridad y combate al crimen organizado, lo que impacta directamente en las medidas de prevención del lavado de dinero. Con este nuevo marco normativo, el sector financiero, las instituciones gubernamentales y las empresas deberán reforzar sus controles para evitar que estos grupos criminales sigan utilizando el sistema financiero global para sus operaciones ilícitas.
El Lavado de Dinero: un pilar del crimen organizado
El lavado de dinero es el proceso mediante el cual organizaciones criminales disfrazan el origen ilícito de sus ingresos para integrarlos en la economía legal. Los cárteles utilizan una amplia variedad de métodos para blanquear sus ganancias, desde el uso de empresas fachada y transacciones inmobiliarias hasta criptomonedas y redes de comercio internacional. Con la nueva clasificación como organizaciones terroristas, estas actividades ahora estarán sujetas a sanciones y bloqueos de activos más severos.
Uno de los efectos inmediatos de esta designación es la capacidad del Departamento del Tesoro de EE. UU. para congelar activos de cualquier entidad financiera que se sospeche esté relacionada con estas organizaciones. Además, las instituciones financieras deberán reforzar sus mecanismos de monitoreo para detectar y reportar transacciones sospechosas con mayor diligencia.
Nuevas obligaciones para instituciones financieras y empresas
La orden ejecutiva impone mayores responsabilidades a bancos, corredores de bolsa, casas de cambio y otras instituciones financieras que puedan ser utilizadas para el lavado de dinero. Las entidades deberán implementar estrategias más agresivas para identificar operaciones sospechosas y evitar que los fondos ilícitos circulen a través de sus plataformas.
Entre las principales medidas que se deben reforzar están:
- Debida diligencia reforzada: Identificar y monitorear clientes de alto riesgo, incluyendo a aquellos con vínculos en regiones de alto riesgo o sectores vulnerables a la infiltración criminal.
- Reportes de operaciones sospechosas (ROS): Aumentar la vigilancia sobre transacciones inusuales y reportarlas a las autoridades competentes.
- Monitoreo de transacciones transfronterizas: Mayor control sobre transferencias internacionales, especialmente aquellas vinculadas a regiones donde operan estas organizaciones.
- Colaboración con agencias gubernamentales: Las empresas y bancos deben fortalecer su cooperación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y otras entidades para identificar y bloquear fondos sospechosos.
Implicaciones legales y económicas
La designación de los cárteles como organizaciones terroristas abre la puerta a sanciones más estrictas y procesos penales más severos contra individuos y empresas que faciliten el movimiento de sus recursos. Aquellos que brinden apoyo financiero, incluso de manera indirecta, pueden ser procesados bajo leyes antiterroristas, con consecuencias que incluyen la congelación de bienes y penas de prisión.
Para las empresas multinacionales, este nuevo panorama representa un reto significativo en términos de cumplimiento normativo y gestión de riesgos. Las compañías que operan en sectores como el comercio, la logística y las inversiones transfronterizas deberán reforzar sus programas de cumplimiento para evitar ser utilizadas como vehículos para el lavado de dinero.
Además, la trazabilidad de criptomonedas y la implementación de blockchain en el sector financiero podrían jugar un papel crucial en la transparencia y rastreo de movimientos financieros. Las nuevas regulaciones exigirán que el intercambio de criptomonedas y plataformas financieras digitales adopten medidas más estrictas para evitar que estos activos sean utilizados por organizaciones terroristas.
Queda claro que el endurecimiento de las políticas contra los cárteles y el crimen organizado representa un desafío importante en la lucha contra el lavado de dinero. La cooperación internacional, la implementación de tecnologías avanzadas y la actualización constante de las normativas serán fundamentales para evitar que los grupos criminales sigan operando dentro del sistema financiero. La nueva clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas no solo refuerza las acciones de seguridad en Estados Unidos, sino que obliga a gobiernos, empresas y ciudadanos a tomar medidas más estrictas para frenar el flujo de dinero ilícito y su impacto en la sociedad global.
¿Dudas? Da CLIC aquí y un experto de ALDDA te contactará en breve.
