El pasado 27 de mayo de 2025, la Presidenta Claudia Sheinbaum firmó un Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) donde oficializó la creación de la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas. Adscrita a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fue diseñada específicamente para enfrentar con mayor eficacia las operaciones financieras vinculadas a grupos criminales.
La Dirección contará con dos Coordinaciones Operativas —denominadas “A” y “B”— enfocadas en el análisis especializado de reportes, avisos y declaraciones presentadas por los sujetos obligados, así como en la elaboración de productos de inteligencia financiera que sirvan de insumo clave para las instancias de procuración de justicia. Esta estructura se fortalece además con facultades para coordinarse con autoridades nacionales e internacionales, intercambiar información crítica y fungir como enlace directo con la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y organismos internacionales.
La creación de esta Dirección responde al fortalecimiento de la Recomendación 29 del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que establece la necesidad de contar con unidades de inteligencia financiera sólidas, capaces de recibir, analizar y diseminar información sobre Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). En este sentido, la nueva Dirección operará como un centro especializado capaz de integrar reportes de inteligencia sobre personas posiblemente vinculadas con organizaciones delictivas y delitos de alto impacto.
Cabe destacar que este esfuerzo también se contextualiza en un escenario geopolítico más amplio: la designación reciente por parte del gobierno de Estados Unidos de diversos cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Esta declaración ha impulsado al Estado mexicano a robustecer su capacidad de respuesta ante estructuras criminales transnacionales.
La Dirección podrá recabar información directa de quienes realizan actividades vulnerables conforme a la LFPIORPI, incluyendo documentación, datos e imágenes relacionadas con operaciones que pudieran estar vinculadas a recursos de procedencia ilícita o al financiamiento del terrorismo. Además, se encargará de coordinar el diseño e implementación de acciones estratégicas para prevenir este tipo de delitos, protegiendo así al sistema financiero y a la economía nacional.
También se faculta a la UIF para emitir, junto con otros órganos de Hacienda, los formatos oficiales obligatorios para la presentación de reportes y avisos, que serán publicados en el DOF. Esto implica un nuevo estándar de cumplimiento más riguroso y uniforme, en el que la tecnología juega un papel central, al automatizar procesos, construir perfiles transaccionales y fortalecer el monitoreo de operaciones inusuales.
Este nuevo marco normativo representa una etapa de mayor responsabilidad para quienes desarrollan actividades vulnerables: deberán estar preparados para proporcionar información detallada sobre operaciones y beneficiarios finales, y responder a requerimientos específicos derivados de los análisis de la UIF.
Desde ALDDA, reconocemos que el cumplimiento normativo no solo es una obligación legal, sino una necesidad estratégica. Por eso, ponemos a disposición soluciones tecnológicas especializadas y asesoría técnica para ayudar a los sujetos obligados a cumplir eficazmente con la Ley Antilavado y los nuevos requerimientos derivados de esta reforma.
