La amenaza creciente de los cárteles mexicanos no se limita al tráfico de estupefacientes. Una nueva alerta emitida por la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. revela un esquema altamente lucrativo: el contrabando de petróleo crudo robado desde México hacia Estados Unidos, liderado por organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa, CJNG y el Cártel del Golfo, todos catalogados como grupos terroristas por la administración de Donaldo Trump.
Según FinCEN, este modelo delictivo está generando miles de millones de dólares en ingresos ilícitos, y representa hoy en día la principal fuente de financiamiento no relacionado con drogas para los cárteles. Esta red implicaría la participación de intermediarios mexicanos en la industria energética, quienes roban el hidrocarburo en puntos débiles de la operación de PEMEX y lo venden a pequeñas empresas estadounidenses en la frontera suroeste, también coludidas.
Este es un caso de manual de lavado de dinero a escala transnacional con consecuencias devastadoras, pues alimenta la violencia y la corrupción en México, distorsiona los mercados legales, y crea canales cada vez más sofisticados para el ocultamiento de activos ilícitos.
En respuesta al crecimiento exponencial de estos esquemas, el pasado 20 de enero, el presidente Trump declaró una emergencia nacional en la frontera suroeste y firmó una orden ejecutiva que permite designar a los cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras.
Este cambio de enfoque implica una ampliación de las herramientas de persecución financiera. Para los Sujetos Obligados, esto es una señal inequívoca: los flujos de capital vinculados al crimen organizado serán cada vez más rastreados y sancionados con mayor dureza.
¿Qué deben hacer las empresas que realizan Actividades Vulnerables?
La lección es clara: el lavado de dinero ya no se esconde solamente en el sistema financiero tradicional. Las operaciones con recursos de procedencia ilícita se infiltran en sectores legales —como el energético— y se camuflan entre operaciones aparentemente legítimas.
Las empresas que realizan Actividades Vulnerables en México deben estar más alertas que nunca. No basta con cumplir en papel: se necesita automatizar procesos, generar expedientes robustos y aplicar controles con enfoque basado en riesgos. La autoridad mexicana, al igual que su contraparte estadounidense, está endureciendo su postura. De hecho, el proyecto de reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) contempla como obligatoria la implementación de asistentes tecnológicos especializados.
En este contexto, contar con un software especializado ya no es una opción, es una línea de defensa obligatoria. En ALDDA, ofrecemos soluciones tecnológicas que te permiten cumplir con todos los requisitos de la Ley Antilavado.
