El gobierno de Estados Unidos ha designado a varios cárteles del narcotráfico que operan en México, así como a otras organizaciones criminales latinoamericanas, como grupos terroristas. Esta determinación se basa en una revisión exhaustiva de los Registros Administrativos relacionados con el caso y en consulta con el Fiscal General y el Secretario del Tesoro. Como resultado, se ha concluido que las disposiciones establecidas en la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), según enmendada (8 U.S.C. 1189), son aplicables a las siguientes organizaciones:
- Tren de Aragua (tambien conocido como Aragua Train).
- Mara Salvatrucha (MS-13).
- Cártel de Sinaloa (Federación Mexicana, Cártel de Guadalajara).
- Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG, New Generation Cartel of Jalisco).
- Cárteles Unidos (United Cartels, Tepalcatepec Cartel, Cártel del Abuelo).
- Cártel del Noreste (CDN, Northeast Cartel, Los Zetas).
- Cártel del Golfo (CDG, Gulf Cartel, Organización Osiel Cárdenas-Guillén).
- La Nueva Familia Michoacana (LNFM).
Esta decisión responde a una orden ejecutiva emitida por el expresidente Donald Trump el 20 de enero, en la que se instruyó declarar a los cárteles del narcotráfico como grupos terroristas, una medida que ya había sido anunciada en diciembre. México se ha opuesto a esta designación en los últimos años, argumentando que podría derivar en una intervención estadounidense en territorio mexicano.
Repercusiones y medidas financieras
La orden ejecutiva impone nuevas obligaciones a instituciones financieras, incluyendo bancos, corredores de bolsa y casas de cambio, para evitar el lavado de dinero relacionado con estos grupos. Entre las medidas clave a reforzar se encuentran:
- Debida diligencia reforzada: Monitoreo exhaustivo de clientes de alto riesgo y operaciones en regiones vulnerables a la infiltración criminal.
- Reportes de operaciones sospechosas (ROS): Vigilancia intensificada sobre transacciones inusuales y notificación a las autoridades competentes.
- Monitoreo de transacciones transfronterizas: Control estricto sobre transferencias internacionales vinculadas a regiones con actividad delictiva.
- Colaboración con agencias gubernamentales: Cooperación entre empresas financieras y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para bloquear fondos sospechosos.
El endurecimiento de las políticas contra el crimen organizado representa un desafío significativo en la lucha contra el lavado de dinero. La colaboración internacional, la adopción de tecnologías avanzadas y la actualización constante de normativas serán clave para frenar las operaciones de estos grupos dentro del sistema financiero. Esta nueva clasificación no solo refuerza las acciones de seguridad en Estados Unidos, sino que también obliga a gobiernos, empresas y ciudadanos a adoptar medidas más estrictas para combatir el financiamiento del crimen organizado y su impacto en la estabilidad global.
