La prevención del lavado de dinero en México está por entrar en una nueva etapa. El proyecto de reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) plantea un cambio de paradigma: toda empresa que realice Actividades Vulnerables deberá contar con un sistema automatizado que respalde el cumplimiento de sus obligaciones. De no hacerlo, podrá ser sancionada conforme al nuevo marco normativo. Esto convierte a la tecnología en un componente no opcional, sino esencial para garantizar la conformidad legal.
Uno de los pilares clave de esta transformación es la gestión digital de expedientes de Clientes y Usuarios, así como del Beneficiario Controlador. Antes de concretar cualquier operación, los Sujetos Obligados deberán contar con expedientes completos, organizados y, en caso de relaciones de negocio, actualizados de forma anual. Esta exigencia no es menor: contar con documentación clara y disponible puede marcar la diferencia entre una visita de verificación exitosa por parte de la autoridad y la imposición de sanciones por incumplimiento.
Otro aspecto crítico que busca atender la reforma es la correcta presentación de avisos, uno de los motivos más frecuentes de sanción en las visitas de verificación. Errores en los reportes, avisos incompletos o mal elaborados se traducen en multas costosas y daño reputacional. Un sistema automatizado robusto minimiza estos riesgos, asegurando que cada aviso se genere y envíe conforme a los requisitos establecidos por la autoridad.
La reforma también introduce el concepto de perfil transaccional, una herramienta estratégica para clasificar a los clientes de acuerdo con su nivel de riesgo: bajo, medio o alto. Este análisis permitirá aplicar un enfoque basado en riesgos, que ayudará a las empresas a focalizar sus esfuerzos preventivos y optimizar recursos, todo dentro de una lógica de cumplimiento más inteligente.
En este mismo contexto, se prevé la obligación de dar seguimiento reforzado a las Personas Políticamente Expuestas (PEP) y otros clientes considerados de alto riesgo. La SHCP deberá mantener actualizado un listado nominativo de estas personas, lo que representa un nuevo desafío operativo para las empresas: ¿cómo integrar esta información en tiempo real dentro de los sistemas automatizados? ¿Con qué frecuencia se actualizará este listado? Son preguntas aún abiertas, pero cuya respuesta será clave para cumplir con el nuevo marco legal.
En ALDDA entendemos la urgencia y complejidad de estos cambios. Por eso, hemos desarrollado un sistema digital especializado que da solución integral a estas necesidades.
