La aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conocida como la “Ley Antilavado”, ha comenzado a tener un impacto sobre las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en México. Si bien la misión de las OSC tiende al beneficio social y desarrollo comunitario sin fines de lucro, la realidad es que su estructura financiera las coloca dentro del radar regulatorio debido al potencial riesgo de que puedan ser utilizados indebidamente para ocultar recursos ilícitos.
El punto más sensible del sector se centra en los donativos, principalmente cuando provienen del extranjero o de fuentes privadas no plenamente identificadas. Según la propia LFPIORPI, estas transacciones pueden catalogarse como Actividades Vulnerables, lo que obliga a las OSC a cumplir con medidas como la integración de expedientes de sus donantes, la identificación de sus beneficiarios finales y la presentación de avisos ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cuando los montos superan ciertos umbrales.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) establece claramente que el objetivo no es obstaculizar el trabajo legítimo de las organizaciones, sino proteger al sector de ser inadvertidamente utilizado como vehículo para el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo.
Sin embargo, la preocupación entre muchas OSC ha aumentado, razón por la que 50 organizaciones civiles emitieron un comunicado en el que expresaron su preocupación al ser equiparados con entidades comerciales como casinos y bancos, quienes cuentan con finanzas capaces de solventar con holgura los procesos administrativos, situación que no comparten las OSC.
“…consideramos fundamental atender los efectos adversos que la aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita está generando en el sector, ya que compromete y pone en riesgo nuestra existencia», se lee en el comunicado enviado a medios nacionales. “La imposición de sanciones económicas elevadas ante supuestos incumplimientos —sin diferenciar entre entidades lucrativas y no lucrativas— coloca a las OSC en una situación de alta vulnerabilidad legal y financiera”.
El reto es real: muchas organizaciones carecen del personal técnico o de los sistemas automatizados necesarios para cumplir con la identificación de beneficiarios controladores, la evaluación de riesgos o el seguimiento de operaciones inusuales.
En este contexto, el cumplimiento normativo no es una opción, sino una necesidad orientada a preservar la operación y la legitimidad de las organizaciones. El proyecto de reforma a la LFPIORPI reforzará esta obligación al establecer, por primera vez, el uso obligatorio de asistentes tecnológicos y sistemas automatizados que faciliten la integración de expedientes, el control de avisos y la elaboración del perfil transaccional de sus donantes.
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