Lo que comenzó como una resolución para limitar el monto de restricción de efectivo en la actividad vulnerable de venta de vehículos, hoy es un precedente legal que en un futuro cercano podría generar jurisprudencia e impactar a todas las actividades vulnerables. Te explicamos a detalle los cambios a los que podrías ser sujeto.
En prevención de lavado de dinero, la restricción de efectivo es una de las herramientas más importantes para limitar la entrada de dinero sucio y también la que genera mayores contratiempos en su aplicación. A la venta de vehículos, una de las actividades vulnerables más vigiladas, el reglamento de la LFPIORPI le impone un umbral de 308 mil pesos como tope en efectivo que puede recibir en cada operación, transacción que además siempre debe ser informada a las autoridades.
Conociendo esto, la controversia derivó de un sujeto obligado dedicado a la venta de vehículos que, según las autoridades, estaba recibiendo montos en efectivo mayores a los permitidos por la ley. El argumento del sujeto sobre su actuar era que obedecía al artículo VI del reglamento de la LFPIORPI, el cual dice que no se deben incluir ni las contribuciones ni accesorios en la restricción de efectivo, lo que en los hechos significaba que éste recibía en efectivo el monto del umbral más lo correspondiente a accesorios e impuestos, sobrepasando con ello el límite permitido. Esto le ganó una multa de las autoridades, y en respuesta, el sujeto buscó un juicio de nulidad.
Este problema de perspectiva legal motivó la intervención de jueces para solucionar el juicio de nulidad interpuesto por el sujeto obligado. Después de analizar el caso, el tribunal dio su fallo a favor de la interpretación hecha por el SAT, explicando que en ningún caso se puede variar la cantidad marcada como restricción de efectivo.
La resolución del Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicado como tesis aislada el 16 de marzo de 2022, es un precedente que por no solamente aplicaría a la venta de vehículos, sino también a la compra-venta de bienes inmuebles, la compraventa de relojes y metales preciosos, boletos de apuestas y premios, el servicio de blindaje de vehículos, la constitución de títulos representativos de partes sociales o acciones y el arrendamiento.
Mientras tanto, la tesis aislada queda como un precedente que puede ser considerado o no por un juez a la hora de revisar y dar una resolución de casos con características similares. Son altas las probabilidades de que el precedente influya en la toma de decisión del juez, que de ser así, podría generar jurisprudencia una vez que tres resoluciones se den en el mismo sentido de manera consecutiva.
Resulta de particular relevancia que la resolución haya emanado del Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ya que, de convertirse en jurisprudencia, significa que deberá ser acatada obligatoriamente por todos los plenos de circuito, tribunales colegiados y unitarios de circuito, juzgados de Distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y los tribunales administrativos y de trabajo tanto locales como federales.
La situación actual cambiará la forma en que los sujetos obligados responden a la restricción de efectivo como obligación en la prevención de lavado de dinero. Si bien por ahora la resolución aplica a un solo sujeto obligado, es previsible que le sigan las resoluciones necesarias para formar una jurisprudencia, lo que ampliará el efecto de la ley antilavado.
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