El Gobierno de México ha anunciado una serie de modificaciones legales para reforzar la lucha contra el lavado de dinero, la corrupción y la delincuencia organizada. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que estas reformas tienen como objetivo evitar que jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) liberen cuentas financieras relacionadas con actividades delictivas sin un juicio de fondo.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum subrayó la necesidad de establecer un marco legal que impida la liberación de cuentas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con base en suspensiones provisionales otorgadas en amparos. Sus declaraciones surgen a partir del caso Gómez Mont.
Un tribunal ordenó el acceso a las cuentas financieras de la conductora Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, a pesar de contar con órdenes de aprehensión en su contra. «Las suspensiones han sido utilizadas para debilitar su eficacia y permitir que personas investigadas por delitos financieros continúen utilizando sus recursos sin restricción», advirtió Gómez Álvarez, titular de la UIF.
El titular de la UIF enfatizó que la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) es una herramienta clave para prevenir el uso de recursos de origen ilícito dentro del sistema financiero. Desde diciembre de 2018 a marzo de 2025, se han incluido en la LPB a 7,815 sujetos, de los cuales 6,545 continúan bloqueados. Además, se han congelado aproximadamente 32,500 millones de pesos, aunque una gran parte ha sido desbloqueada por resoluciones judiciales.
El congelamiento de cuentas forma parte de las medidas establecidas en las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), las cuales buscan privar a las organizaciones delictivas de sus recursos financieros y combatir la delincuencia organizada trasnacional. La adopción y fortalecimiento de estas medidas es clave para garantizar la eficacia del sistema antilavado en México.
La iniciativa del Gobierno busca cerrar los vacíos legales que han permitido la liberación de cuentas con simples suspensiones, garantizando que solo en casos justificados se reviertan los bloqueos financieros. Con estas reformas, el Estado mexicano pretende avanzar hacia un sistema financiero más seguro y transparente, alineado con los estándares internacionales de prevención del lavado de dinero.
