El proyecto de reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) introduce la obligatoriedad de contar con un manual de políticas internas, una medida clave para fortalecer los controles internos de las empresas que realizan actividades vulnerables.
Este manual deberá contener criterios, medidas y procedimientos específicos, adaptados al giro y estrategia de negocios de cada empresa, con el objetivo de garantizar un cumplimiento efectivo de las disposiciones legales y prevenir el uso de recursos ilícitos en sus operaciones. Asimismo, la reforma establece la necesidad de implementar programas continuos de capacitación para el personal, con el fin de asegurar un entendimiento adecuado de las obligaciones y una correcta aplicación de los procesos preventivos.
Actualmente, durante las Visitas de Verificación, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) suele requerir la presentación de documentos que evidencien la existencia de políticas y procedimientos internos. Aunque esta obligación no se encuentra explícitamente prevista en la ley vigente, en la práctica las empresas deben cumplir con estas exigencias para evitar posibles sanciones. Los tres elementos más relevantes que el SAT solicita durante dichas visitas son:
- Política de identificación del cliente o usuario: Documento que establezca los criterios y procedimientos para identificar a las personas físicas o morales con las que se realizan actos u operaciones.
- Mecanismos de seguimiento de actos u operaciones: Procedimientos diseñados para monitorear y acumular los actos u operaciones que, de manera individual o acumulada, realicen los clientes o usuarios.
- Mecanismos de verificación respecto a listas restrictivas: Procedimientos que aseguren la consulta y aplicación de las listas emitidas por autoridades nacionales e internacionales, con el fin de prevenir el financiamiento al terrorismo y el uso de recursos para actividades ilícitas.
Dado que estos requerimientos ya se presentan en la práctica, el manual que las empresas elaboren deberá contemplar, como mínimo, estos tres puntos, alineados con las mejores prácticas y estándares internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. La incorporación de esta obligación en la LFPIORPI no solo proporcionará un marco legal claro para el SAT, sino que también ofrecerá mayor certidumbre jurídica a los Sujetos Obligados.
Contar con un manual robusto y alineado al Sistema Automatizado de la Empresa permitirá mitigar riesgos regulatorios, demostrar el cumplimiento durante las visitas de verificación y, sobre todo, fomentar una cultura organizacional alineada con las mejores prácticas de prevención. Esta medida, combinada con un programa de capacitación efectivo, será esencial para garantizar el cumplimiento integral de las nuevas disposiciones de la reforma.
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