El próximo miércoles 22 de enero a las 11:00 a.m., la Comisión de Justicia del Senado de la República celebrará una reunión ordinaria para abordar un tema crucial en la lucha contra el lavado de dinero en México: la presentación del Proyecto de Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Esta nueva propuesta marca el noveno intento de reforma desde octubre de 2018, cuando la entonces Senadora del PAN, Minerva Hernández, presentó la primera iniciativa con el objetivo de actualizar esta normativa clave. Desde entonces, diversas iniciativas han buscado fortalecer el marco legal para combatir el lavado de dinero, incluyendo la más reciente, presentada por el Senador Javier Corral de Morena. La revisión del Proyecto de Reforma se realizará tomado como base el último proyecto presentado por el mismo Senador morenista el pasado Octubre de 2024.
A pesar de los múltiples esfuerzos, el avance de las reformas ha sido un proceso largo y complejo. Sin duda, la presentación de este nuevo dictamen representa una oportunidad única para actualizar una ley que juega un papel vital en el sistema financiero del país.
De aprobarse el proyecto en la Comisión de Justicia, el dictamen será turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación como Cámara Revisora. Este es un paso crítico en el proceso legislativo, ya que determinará si las reformas propuestas se convierten en ley.
Las expectativas en torno a esta reforma son altas, ya que podría introducir nuevas obligaciones, procedimientos y sanciones que afectarán directamente a las empresas sujetas a la LFPIORPI y a los profesionales del cumplimiento. Estos cambios tendrán un impacto significativo en los mecanismos de prevención de riesgos y en el marco regulatorio del país.
Para las empresas y los profesionales involucrados en el cumplimiento normativo, esta es una etapa crucial que exige atención y preparación. Cualquier modificación en la ley podría requerir ajustes importantes en los procesos internos y en la implementación de medidas de prevención de lavado de dinero.
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