En un intento por fortalecer la prevención del lavado de dinero y otras actividades ilícitas, el gobierno de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ha emitido una Orden de Orientación Geográfica (OGG) que reduce drásticamente el umbral para reportar transacciones en efectivo de $10,000 a $200 en ciertas áreas de la frontera suroeste del país. Esta medida, que entrará en vigor el 14 de abril de 2025, impactará a más de un millón de personas y negocios ubicados en 30 códigos postales de California y Texas.
La FinCEN argumenta que esta nueva disposición busca combatir el lavado de dinero proveniente de los cárteles de la droga y otros actores criminales. La normativa afecta a las empresas de servicios monetarios (MSB), como casas de cambio, transmisores de dinero y vendedores de cheques de viajero, que ahora estarán obligadas a presentar Informes de Transacciones de Divisas (CTR) para cualquier operación en efectivo que supere los $200 en las zonas geográficas seleccionadas.
Bajo la regulación vigente, los bancos y otras instituciones financieras deben reportar transacciones en efectivo superiores a $10,000. Sin embargo, con la nueva OGG, las MSB en las áreas designadas tendrán que reportar operaciones de montos considerablemente menores, lo que representa un cambio significativo en los estándares de cumplimiento financiero.
Para los usuarios, esto podría traducirse en una mayor supervisión sobre sus operaciones en efectivo, lo que podría afectar de manera desproporcionada a las comunidades con menor acceso a servicios bancarios. Según datos de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC), más de 5.6 millones de hogares en EE.UU. no tienen cuenta bancaria, y muchos de ellos dependen de MSB para sus transacciones diarias.
Diferentes grupos de expertos han expresado su preocupación respecto a la medida. El Instituto Cato, por ejemplo, ha manifestado que esta regulación podría representar un retroceso en la protección de la privacidad financiera de los ciudadanos. Además, existe la inquietud de que esta iniciativa podría extenderse a otras zonas o incluso a todo el país en el futuro.
Otro punto de discusión es el impacto a las pequeñas empresas que podrían enfrentar mayores costos y dificultades operativas para cumplir con los nuevos requisitos.
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