Una Persona Políticamente Expuesta (PEP) es aquel individuo que desempeña o ha desempeñado una función pública destacada, lo que implica un nivel de riesgo mayor en materia de lavado de dinero o delitos precedentes como la corrupción y el soborno.
Debido a ese riesgo potencial, las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF) establecen la aplicación de medidas adicionales de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) en las relaciones de negocios con PEP. Estas medidas son de carácter preventivo, no penal, y no deben interpretarse como una presunción de que todas las PEP participan en actividades ilícitas.
El GAFI ha desarrollado una guía específica para facilitar la aplicación de estas medidas en el caso de PEP extranjeras, nacionales y de organizaciones internacionales, así como para sus familiares y personas cercanas, conforme a las Recomendaciones 12 y 22. Estas incluyen (R12) medidas adicionales sobre clientes o usuarios considerados Personas Expuestas Políticamente y (R24), medidas dirigidas a Beneficiarios Controladores bajo el rango de Persona Expuesta Políticamente.
Uno de los elementos clave para cumplir con la Recomendación 12 es la debida diligencia del cliente, que exige a las instituciones financieras conocer plenamente la identidad de sus clientes. Si bien existen fuentes externas de información, como bases de datos comerciales, el GAFI aclara que estas no son suficientes por sí solas para cumplir con los requerimientos relativos a PEP, ni establece la obligación de utilizarlas.
El anexo de la guía incluye una serie de indicadores de alerta (“red flags”) que ayudan a detectar el uso indebido del sistema financiero por parte de PEP.
Estas medidas buscan fortalecer la transparencia, trazabilidad y gestión del riesgo en las instituciones financieras y no financieras, asegurando que la detección temprana de riesgos asociados a PEP se realice de manera eficaz y proporcional.
