En un esfuerzo por fortalecer el marco legal contra el lavado de dinero en México, la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) introduce modificaciones sustanciales en la identificación del Beneficiario Controlador. Este ajuste busca alinearse con los estándares internacionales y reforzar la supervisión sobre las estructuras corporativas utilizadas en actividades ilícitas.
Uno de los cambios más significativos es la equiparación del Beneficiario Controlador con el Beneficiario Final y el Propietario Real. En la legislación vigente, la LFPIORPI solo contempla la figura del Beneficiario Controlador, mientras que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) solicita información adicional sobre el Beneficiario Final en sus Visitas de Verificación. Esta discrepancia ha sido utilizada en juicios administrativos por los Sujetos Obligados, quienes han logrado resoluciones favorables debido a la ambigüedad de la norma. Con la reforma, esta laguna legal se cierra, otorgando mayor claridad y homogeneidad en la aplicación de la ley.
Además, el umbral de participación accionaria para definir al Beneficiario Controlador en las Personas Morales se reducirá del 50% al 25%. Esta medida ampliará el número de individuos que deberán ser identificados y registrados, lo que implica un reto para las empresas, que tendrán que actualizar sus procedimientos de identificación y documentación.
El impacto de esta modificación será considerable en términos de cumplimiento normativo. Las empresas deberán reforzar sus controles internos y capacitar a su personal para adaptarse a los nuevos requerimientos y evitar sanciones. Esta actualización legislativa no solo impone mayores responsabilidades, sino que también brinda mayor certidumbre jurídica en la prevención del lavado de dinero.
La reforma LFPIORPI 2025 representa un paso importante en la lucha contra las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Para su correcta implementación, es fundamental que los Sujetos Obligados adopten medidas proactivas, actualicen sus sistemas de información y establezcan mecanismos eficientes de verificación y control, garantizando así la trazabilidad de las operaciones y el cumplimiento de la normativa vigente.
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