Este 18 de junio de 2025 se llevó a cabo una Sesión Extraordinaria de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos en el Senado de la República, durante el cual se aprobó el dictamen de reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como a los artículos 11 bis y 400 bis del Código Penal Federal.
Con 11 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones, se avalaron los cambios previstos en las reformas al Artículo 11 Bis y al 400 Bis del Código Penal Federal, lo cual refuerza el marco punitivo aplicable al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo. Se anticipa que podría discutirse en los próximos días, como parte de un posible periodo extraordinario.
Más allá del trámite legislativo, el contexto es clave: México entra en julio en la fase crítica de entrega de cumplimiento técnico ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en el marco de la 5ª ronda de evaluación mutua.
¿Qué implica esta reforma?
La iniciativa busca adecuar la legislación mexicana a los estándares internacionales en materia de PLD/FT, al fortalecer herramientas para la identificación y persecución de recursos de procedencia ilícita. También se pretende afinar las disposiciones penales, actualizando conductas y sanciones relacionadas con el lavado de dinero.
Durante la discusión en comisiones, se reconoció que el país enfrenta una ventana de oportunidad reducida: el cumplimiento técnico debe entregarse en julio, seguido de la entrega de la herramienta de efectividad en octubre y una visita in situ en marzo de 2026. Esto deja poco margen para subsanar deficiencias normativas.
Posturas encontradas: técnica vs. garantías
Si bien hubo consenso sobre la necesidad de cumplir con el GAFI, algunos legisladores expresaron inquietudes respecto al alcance de la reforma. Senadores del PRI y PAN advirtieron sobre posibles excesos, como el acceso a información financiera sin control judicial, lo que podría vulnerar derechos fundamentales como la privacidad o la presunción de inocencia.
Este debate refleja un dilema constante en materia de PLD: cómo fortalecer el sistema sin comprometer principios constitucionales ni caer en prácticas de vigilancia excesiva.
México ante el GAFI: presión internacional y consecuencias
México debe evitar ser clasificado como jurisdicción de riesgo, lo que implicaría impactos negativos para la inversión extranjera, el sistema bancario y su reputación internacional. Recordemos que la última evaluación (cuarta ronda) dejó áreas sensibles sin atender, y el GAFI ha sido enfático en sus observaciones.
La inminente reforma a la LFPIORPI representa un paso significativo hacia un sistema nacional de prevención más sólido, actualizado y alineado a los compromisos internacionales. En ALDDA, te mantendremos informado y preparado ante estos cambios.
