México reforzará este 2025 sus esfuerzos directos contra el lavado de dinero con nuevos umbrales establecidos en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). En buena medida, el aumento de los umbrales se debe al incremento del 4.2% del valor de la UMA.
Estas medidas planteadas de reforzamiento por las autoridades federales restringen aún más el uso de efectivo en ciertas transacciones, promoviendo la adopción de medios de pago electrónicos que facilitan el monitoreo, la trazabilidad y la transparencia de las operaciones financieras. Con esta iniciativa, se busca limitar el anonimato que el efectivo brinda en transacciones ilícitas, combatiendo así el financiamiento de actividades como el crimen organizado.
El efectivo ha sido históricamente el medio preferido para las actividades ilegales debido a la dificultad para rastrear a los propietarios reales y el origen mismo de los recursos. Este anonimato, sumado a la alta informalidad económica en el país, ha obstaculizado la inclusión financiera de una gran parte de la población. Los límites no sólo buscan combatir la economía ilegal, sino también fomentar el uso de pagos digitales, que permiten a los ciudadanos acceder a productos financieros más avanzados, como ahorro, inversión y financiamiento, impulsando el desarrollo económico formal.
Para las empresas, cumplir con estas regulaciones es crucial. Aquellas involucradas en actividades restringidas al uso de efectivo deben actualizar sus controles internos y procesos para evitar sanciones y garantizar el cumplimiento normativo. Este paso hacia una mayor transparencia financiera representa una oportunidad para transformar la economía mexicana, fortaleciendo su formalidad y reduciendo las brechas de exclusión financiera.
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